INFORME 2009 DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

EN ECUADOR HAY "UN CRECIENTE CLIMA DE POLARIZACIÓN EN EL CUAL LAS AGRESIONES Y AMENAZAS CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE TODAS LAS LÍNEAS EDITORIALES SE HAN INCREMENTADO"


La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA presentó su Informe sobre la situación de la libertad de pensamiento y de expresión en las Américas durante 2009, en el cual se reconocen avances en materia de libertad como los que se refieren a la incorporación de los estándares interamericanos al orden jurídico interno en varios países y a la promoción del derecho de acceso al información.

Sin embargo, la Relatoría mira con preocupación la creciente violencia contra periodistas en el 2009, reflejada con el asesinato de al menos once comunicadores sociales y en un número cada vez más alto de secuestros, amenazas y agresiones contra medios y reporteros por razón de la cobertura de ciertas noticias o de su línea editorial.

Advirtió sobre el riesgo que representa el crimen organizado y su capacidad de corrupción. El Informe también se refiere al riesgo extraordinario que corren los periodistas y defensores de derechos humanos que son acosados, espiados o amenazados por funcionarios públicos con la finalidad de evitar que cumplan su tarea de informar o denunciar.

En el capítulo Ecuador, la Relatoría Especial observa con satisfacción el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que eliminaría, entre otros, los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria. La Relatoría Especial considera este avance como una iniciativa que toma en cuenta la doctrina y la jurisprudencia interamericanas en torno al delito de desacato.

No obstante, se observa con preocupación las declaraciones del Presidente Rafael Correa en referencia a los medios de comunicación a quienes ha descalificado duramente, al tildar a la prensa, en diversas oportunidades, de ser "conspirador[a]", "corrupta", "desestabilizador[a]", "irresponsable" y "mentirosa".

La Relatoría Especial aclara que los funcionarios públicos pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión para controvertir aquellas expresiones cuyo contenido no consideren adecuado o exacto, o para responder a las críticas que consideren injustas o engañosas. No obstante, en dicho ejercicio, los funcionarios estatales están sometidos a limitaciones especiales:

* En primer lugar "los funcionarios estatales tienen el deber de constatar de manera razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deben hacerlo "con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos".


* En segundo término, los funcionarios públicos tienen un deber de mayor tolerancia frente a la crítica. Tal como ha sido reiteradamente señalado por los órganos del sistema interamericano, en el marco de la Convención Americana, el derecho a la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Tales son, precisamente, las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática


* Finalmente, los funcionarios públicos, en tanto "garante[s] de los derechos fundamentales de las personas", no pueden "llegar a desconocer dichos derechos" a través de sus declaraciones. Los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades estatales, deben tomar en cuenta que las personas que trabajan para determinados medios de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se ven enfrentados si son objeto de discursos oficiales estigmatizantes.


Sobre este último punto la Relatoría indica que, como lo ha señalado la CIDH, el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía de la libertad de expresión, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual los periodistas se encuentran expuestos.

En su evaluación la Relatoría menciona que en Ecuador se ha presentado un creciente clima de polarización en el cual las agresiones y amenazas contra periodistas y medios de todas las líneas editoriales se ha incrementado.

Estima de este modo que los agentes del Estado deben procurar disminuir el nivel de riesgo de las personas más amenazadas y adoptar mecanismos eficientes de protección.