Mónica Chuji G.
En 1998 el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que se reconoce el derecho a la Consulta previa, libre e informada y de buena fe, como parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez ratificado este Convenio, el país asumió un compromiso internacional de cumplirlo y garantizarlo, en todas las decisiones estatales y las políticas gubernamentales.
En la práctica esto no se ha cumplido. Los gobiernos de turno han hecho caso omiso a este principio. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe, se ha transformado más bien en un instrumento de manipulación política de los gobiernos de turno, incluido Alianza País. Durante el último proceso Constituyente, propuse la extensión del derecho de la consulta previa, libre e informada como un derecho para todos los ciudadanos; asimismo, y en virtud de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007, con el voto favorable del gobierno ecuatoriano, propuse la incorporación del derecho al consentimiento libre, previo e informado al texto Constitucional; sin embargo, y por paradójico que pueda parecer, hubo una fuerte oposición de los constituyentes de Alianza País, para aceptar estos nuevos derechos en la Constitución.
Pero ¿en qué consiste la consulta libre, previa e informada? La consulta es un procedimiento que permite el diálogo, el consenso, la reflexión y la resolución de conflictos entre el Estado y las comunidades, así como entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Por tanto, no puede ser usada bajo ningún concepto como un mecanismo de disuasión, y menos aún puede estar adscrita y determinada desde los intereses partidistas del gobierno de turno. La Consulta previa, libre e informada y de buena fe es un derecho irrenunciable que tenemos las nacionalidades y pueblos indígenas y la ciudadanía de manera colectiva e individual y que está plasmada en la Constitución y el derecho internacional.
En esta coyuntura la Asamblea y el régimen de Alianza País, han hecho caso omiso a los reclamos de los sectores populares que piden democracia, transparencia, diálogo y participación, sobre todo en un aspecto tan importante para nuestro país como es el agua. Siguen pendientes los temas relativos a la conformación del Consejo Plurinacional para el manejo del agua, la adscripción de recurso del agua como servicio ambiental, la desprivatización del recurso, los sistemas legales indígenas y sus instituciones que manejan el recurso, la gratuidad del derecho humano al agua, la prohibición del aprovechamiento del agua para actividades extractivas, entre otros aspectos conflictivos. Estos temas solamente podrán resolverse con el diálogo y la participación, y en condiciones de transparencia, democracia y respeto.
Sin embargo, el Presidente de la Asamblea Nacional propone una consulta pre-legislativa que nada tiene que ver con el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, y que más bien se convierte en una maniobra política desesperada, para controlar una situación de conflictividad social que cada vez se le escapa de las manos al gobierno. Esta maniobra política corre el riesgo de devaluar el sentido democrático que tiene el derecho a la consulta y convertirla en un mecanismo de injerencia sobre las comunidades y organizaciones indígenas. Con el pretexto de la consulta pre-legislativa, el gobierno nacional utilizará los recursos públicos para desmovilizar de forma permanente a las organizaciones indígenas, para dividirlas, fraccionarlas y someterlas a un intenso proceso de control político. La ciudadanía conoce la carencia de escrúpulos morales del régimen de Alianza País y su voracidad por el poder, de ahí que utilice la coyuntura generada por las movilizaciones en defensa del agua, de la vida y de la soberanía, y las demandas indígenas y sociales por el diálogo y la búsqueda de consensos por la vía de la consulta previa, como un mecanismo de recomponer sus propias estrategias de dominación política.
Es por ello que no sorprende la declaración gubernamental que dice que hará la consulta a las bases y no a la dirigencia indígena. El Convenio de la OIT y la norma máxima que es la Constitución establecen claramente que la consulta se hará de buena fe, y respetando los canales regulares: “mediante las instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente”; es decir, respetando a las autoridades legítima y democráticamente electas por las asambleas comunitarias.
El gobierno nacional, ha demostrado en estas últimas semanas su verdadero rostro cuando se ha dedicado a promover spots publicitarios y cadenas informativas, en donde sataniza a la dirigencia indígena, manipula a la ciudadanía con información falsa y promueve el odio racial y la xenofobia. Estas cadenas ameritan una condena moral nacional e internacional, y evidencian a un gobierno dispuesto a enfrentar a los ecuatorianos entre sí y exacerbar odios raciales con mentiras y distorsiones de la verdad, con tal de salvar sus intereses particulares. Urge una acción democrática de la ciudadanía para defender la democracia, para salvaguardar el diálogo como mecanismo pacífico para la resolución de conflictos, y salvar al país que está viviendo sus horas más sombrías de la llamada 'revolución ciudadana'.
Quito 12/05/210
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